Validade de gravações realizadas por terceiros: um caso da Espanha e três do Brasil

^{Por Vladimir Aras}

Em 17 de setembro de 2020, o Tribunal Supremo espanhol negou provimento a recurso de cassação interposto contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Superior de Justiça do País Basco, que havia confirmado a condenação de um réu por estupros reiterados contra sua filha menor.

Uma das provas usadas no processo foi a gravação de um diálogo entre o pai estuprador e sua filha vítima, feita por terceiro, a mãe da menina, no interior da residência da família.

O Supremo Tribunal em Madrid rejeitou a alegação de nulidade da gravação feita sem o consentimento do pai e da filha e admitiu a valoração da prova pelo juízo da condenação, porque a mãe da vítima agiu como particular, e não a serviço do Estado, para fins de persecução penal.

Segundo a acusação,

“El acusado (…), desde principios del año 2015 hasta el 31 de agosto de 2016, de modo reiterado, en diversas ocasiones, aprovechándose de su condición parental respecto a su hija se acercaba a R. que entonces contaba con catorce años por haber nacido el día X. En estas ocasiones, el acusado solía iniciar juegos con la menor, haciéndole cosquillas, invitándole a dormir con él y con el fin de satisfacer sus deseos sexuales, le quitaba la camiseta , tocándole los pechos así como la vagina por encima de la ropa. En una ocasión la menor se encontraba en el baño donde entró su padre desnudo, mientras que ella estaba en ropa interior porque se acababan de duchar. Después fueron a su cuarto, ella seguía en braga y sujetador ,él seguía desnudo, solo con el albornoz, jugando con ella, pudiendo observar que a él le salió semen, que manchó un poco su cama.

El acusado cometía los hechos en el domicilio en que vivía con su pareja sentimental, Beatriz , junto con su hija, Rosaura . El acusado solía cometer los hechos aprovechando la ausencia de Beatriz , por motivos laborales”.

O réu foi condenado pela Audiência Provincial de Álava, no País Basco, em 12 de julho de 2018, como autor de um delito continuado de abuso sexual contra menor de 16 anos, prevalecendo-se de sua relação de parentesco, por ser pai da vítima. A Justiça local lhe impôs a pena de prisão por 5 anos; suspensão do direito de ser votado por igual período; liberdade vigiada pelo mesmo prazo; assim como a proibição de comunicar-se com a vítima ou de aproximar-se a menos de 200 metros dela por um período de 6 anos. A condenação também o privou do poder familiar até a maioridade da vítima.

No trecho mais importante do acórdão, que na Espanha é chamado de sentencia, lê-se:

“6. Puede así concluirse que la fuente probatoria que analizamos sí se obtuvo con quebranto del derecho del acusado a su intimidad, y aun con conculcación del derecho al secreto de sus comunicaciones respecto de quienes no participaban en ellas. Si bien la grabación se obtuvo en una zona común de su residencia y, en principio, con la posibilidad de percepción por quienes comparten el espacio en el que la conversación se desarrolla, concurren circunstancias específicas que muestran que los comunicantes contaban con una expectativa razonable de confidencialidad o intimidad, pues para la captación de la conversación hubo de instalarse un mecanismo de grabación, ubicarse en un lugar oculto, y hacerlo funcionar en un momento en el que los interlocutores estaban solos y dentro de un inmueble en que cualquier otra persona tiene vedado su acceso. La conversación solo pudo obtenerse de una manera furtiva, habiéndose adoptando todos los mecanismos precisos para inmiscuirse en una conversación ajena que, de ningún otro modo, se hubiera desvelado a terceros extraños a ella.

7. Aun cuando la valoración de una prueba ilícita es en principio contraria al contenido material del derecho a la presunción de inocencia por las razones disuasorias ya expuestas, hemos destacado en nuestra jurisprudencia ( STS 116/2017) que, “la acción vulneradora del agente de la autoridad que personifica el interés del Estado en el castigo de las infracciones criminales nunca puede ser artificialmente equiparada a la acción del particular que, sin vinculación alguna con el ejercicio del ius puniendi, se hace con documentos que más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría“.

Para esta segunda categoría de supuestos, y sin que la formulación pueda entenderse generalizable sin un previo y férreo control de las circunstancias en las que los derechos constitucionales han sido vulnerados y se incorporan después al proceso penal por los intervinientes en el mismo, hemos proclamado que la regla de exclusión sería plenamente operativa en aquellos supuestos en los que la actuación del particular busca hacer acopio de datos probatorios destinados a incorporarse al proceso penal, pero que cuando el particular actúa por propia iniciativa y desborda el marco jurídico completamente desvinculado de la actuación del Estado, en tales supuestos no activa un marco de garantías constitucionalmente dispuestas para impedir el acopio estatal de fuentes de prueba en el marco del proceso penal, que es lo que contempla el art. 11 de la LOPJ al fijar la regla de exclusión que en él se recoge ( SSTS 116/2017, de 23 de febrero y 508/2017, de 4 de julio). Decíamos concretamente en la STS 116/2017 que: “la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión solo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito“.

Lo expuesto muestra que la vulneración del derecho del acusado al secreto de sus comunicaciones, así como el quebranto de su derecho a la intimidad, sobrevenidos ambos por grabarse subrepticiamente la conversación que mantuvo con su hija R. en la mañana del día 29 de agosto de 2016, no comporta la nulidad de la evidencia obtenida, pues no consta que la grabación se realizara con la finalidad de obtener irregularmente pruebas orientadas a impulsar o servir en un eventual proceso penal.

Por más que B. instaló los mecanismos de grabación para confirmar su sospecha de que el acusado tenía una inapropiada relación con su hija, la constatación no buscaba ni se tradujo en la interposición de una denuncia o en el impulso del proceso penal que ahora culmina. Antes al contrario, una vez que B. conoció el contenido de la conversación, telefoneó de forma anónima a las dependencias de la policía municipal de su localidad para, desvelando los hechos, conocer qué podía o debía hacer. El atestado inicial refleja su actuación amparada en el anonimato, además de la persistencia de B. en no desvelar su identidad pese a ser requerida para ello. Se recoge también que la única indicación que aceptó la pareja del acusado fue la de acudir personalmente al Servicio de Protección a la Infancia y, aunque después los servicios municipales terminaron por identificar a B. y la mujer entregó la grabación a los agentes, queda constancia que persistió en su negativa a facilitar los datos de identidad de las personas intervinientes en la conversación, de modo que estos datos terminaron por ser descubiertos en virtud de específicas diligencias de investigación desplegadas por el grupo policial actuante. Incluso se refleja que, aun entonces, B. se opuso a denunciar los hechos, y la única actuación personal que emprendió a partir de su grabación fue abandonar el domicilio familiar el día 20 de septiembre de 2016.

Se muestra así que la ilícita actividad estuvo impulsada por un interés personal, sin finalidad procesal específica.” (STS 457/2020, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, relator PABLO LLARENA CONDE, Nº Recurso: 206/2019, Sentença de 17/09/2020)

Afastou-se assim a aplicação de exclusionary rule quanto a prova ilicitamente obtida, que também existe no processo penal brasileiro. Há ao menos três julgados do STJ, nos quais soluções similares foram adotadas, embora com fundamentos diversos.

Em 2014, a 6ª Turma do STJ assim se posicionou sobre a questão das gravações feitas por terceiros para a prova de crimes sexuais contra menores:

“No caso concreto, a genitora da vítima solicitou auxílio técnico a terceiro para a gravação de conversas realizadas através de terminal telefônico de sua residência, na qualidade de representante civil do menor impúbere e investida no poder-dever de proteção e vigilância do filho, não havendo ilicitude na gravação. Dada a absoluta incapacidade da vítima para os atos da vida civil – e ante a notícia de que estava sendo vítima de crime de natureza hedionda – a iniciativa da genitora de registrar conversa feita pelo filho com o autor da conjecturada prática criminosa se assemelha à gravação de conversa telefônica feita com a autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, hipótese já reconhecida como válida pelo Supremo Tribunal Federal.” (STJ, REsp 1026605/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, 6ª Turma, julgado em 13/05/2014)

Em 2018, a 5ª Turma repetiu o posicionamento adotado pela Corte quatro anos antes:

II – A gravação de conversa, in casu, não configura prova ilícita, visto que não ocorreu, a rigor, interceptação por terceiro, mas uma mera gravação pela genitora utilizando-se do próprio celular, objetivando a proteção da liberdade sexual de absolutamente incapaz, sua filha, na perspectiva do poder familiar, vale dizer, do poder-dever de que são investidos os pais em relação aos filhos menores, de proteção e vigilância.” (STJ, 5ª Turma, AgInt no REsp 1712718/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/04/2018).

Finalmente, em 2020, a 6º Turma voltou ao tema, em HC relatado pelo min. Néfi Cordeiro:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM MENOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL PELA GENITORA DA VÍTIMA. PROVA LÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTREMA GRAVIDADE DELITIVA.WRIT DENEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é lícita a prova produzida pela genitora da menor vítima de crime sexual, consistente em gravação áudio/visual ambiental, dado o seu legítimo poder-dever de proteger a infante e desvendar o ato criminoso, situação que se assemelha à gravação de conversa telefônica feita com a autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, hipótese já reconhecida como válida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Inexiste ilegalidade na prisão preventiva quando justificada na extrema gravidade do ato criminoso praticado, haja vista que, segundo consta, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com LMPTL, sua filha, que à época possuía três anos de idade. Ainda, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, registrou, por meio de câmerainstalada em um cômodo da sua residência, cenas pornográficas envolvendo a vítima […] de se ver que a menor se urinava quando sua genitora passava a arrumar suas roupas para que fosse dormir na residência paterna.

3. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 578.058/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020).

Com isto, pode-se afirmar com razoável grau de certeza que esta questão está definida no STJ, uma vez que as duas turmas criminais julgaram no mesmo sentido, pela validação de provas obtidas por terceiros, mediante gravação, para a proteção de menores contra violência sexual.

Assim, se vítima do crime é menor de idade, e o autor da gravação é um dos pais — que age para proteger o filho ou filha da prática de uma violência sexual (ou mesmo de agressões físicas ou tortura) — a prova obtida desta maneira, por um particular agindo em nome próprio e não a serviço do Estado, é considerada lícita.

Esta solução é compatível com a doutrina da proteção integral, consagrada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC), de 1989, e com o bom exercício do poder parental.

O pai ou a mãe ou o guardião ou o tutor que realize uma gravação, de áudio ou de vídeo ou audiovisual, para proteger seu filho, filha, neto, tutelado ou pupilo, não é, portanto, considerado um terceiro em relação ao evento criminoso capturado ou gravado de forma oculta ou furtiva, sem consentimento dos participantes da relação dialógica.

Mutatis mutandi, a mesma solução pode ser aplicada a caso de gravação feita por terceiro, um curador ou um cuidador, por exemplo, diante de violência sexual cometida contra outras pessoas vulneráveis, mesmo maiores, nos termos do §1º do art. 217 do Código Penal, que pune o estupro de vulnerável com reclusão de 8 a 15 anos.

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Esta solução terá em conta a necessidade de reforçar a proteção de pessoa com deficiência, notadamente em relação a crimes sexuais e tortura, em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) e com o art. 16 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, promulgada pelo Decreto 6.469/2009, que tem status de norma constitucional, agregada ao art. 5º da CF.

Artigo 16

Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso

1.Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero.

(…)

5.Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, julgados.

Tanto no caso espanhol quanto nos casos brasileiros, o afastamento da regra de inadmissibilidade da prova (exclusionary rule) tem como foco o papel que o agente da coleta desempenha no evento e o objetivo por ele almejado.

A prova resultante da gravação subreptícia poderá ser valorada pelo Judiciário se:

o terceiro agir tendo em vista um fim legítimo, atinente a sua relação com a vítima vulnerável; e
O terceiro não atuar em favor do Estado nem a seu mando ou por sua orientação.